El año 2020 pasará a la historia por la pandemia que atravesó el mundo entero, una situación difícil de afrontar y que nos atacó desprevenidos.
Durante la misma, el gobierno habría cometido un error, declaró el estado de alarma con numerosas prórrogas, lo que supuso una vulneración del derecho fundamental recogido en la CE, nuestra norma suprema, el derecho a la libre circulación.
En este sentido, el TC considera que se debería de haber optado por el estado de excepción con el fin de garantizar y preservar los derechos básicos de los ciudadanos españoles.
Esta drástica decisión con consecuencias negativas para el ejecutivo de Pedro Sánchez, hace que se conviertan en nulas más de un millón de multas y sanciones impuestas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado durante los meses en los que se coartó el libre movimiento.
En definitiva, al considerarse un confinamiento ilegal, también lo serían las sanciones y multas impuestas durante ese tiempo. Las personas que hayan sido multadas podrán reclamar y solicitar su dinero, deberán interponer un recurso extraordinario de revisión ante la administración.
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