Un hombre ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito de apropiación de indebida en el que incurrió al apoderarse del dinero de sus sobrinos, tanto el que percibieron tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico de las compañías de seguro como el procedente de las pensiones de orfandad que les correspondían. El condenado había sido constituido tutor legal de los menores tras la muerte de los padres.

Ha sido condenado además al pago de una indemnización y de las sumas periódicas recibidas desde su nombramiento como tutor hasta su remoción en el cargo en concepto de depósitos, pensiones de orfandad y alquiler de casa.

En el juicio ha resultado probado que, con intención de obtener un beneficio ilícito, hizo suyas las distintas cantidades de dinero que recibió en favor de los niños, haciendo uso de las mismas en provecho propio, al disponer del dinero para fines privados, con el consiguiente perjuicio para los tutelados. El condenado ha negado en todo momento los hechos, aduciendo que había invertido el dinero en un negocio en el que los menores tenían una participación en régimen de comunidad de bienes, sosteniendo que había hecho pagos al contado sin exigir recibo alguno.

Los tribunales han entendido que la falta de prueba evidencia la comisión del delito. Se recuerda que quien resulta judicialmente designado para el ejercicio de esta función asistencial, tiene la obligación legal de rendir cuentas de los gastos. Este es el único medio para acreditar que el desempeño de la tutela se está ejerciendo en interés y beneficio de los menores. El tutor no puede recurrir a un sistema de pagos al contado del que no quede constancia documentada. De hacerlo así corre el riesgo de incurrir, no solo en el delito de apropiación indebida por el que ha sido condenado, sino también en un delito contra los derechos y deberes familiares.

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