Estas medidas se centran en proteger la necesidad de evitar la pérdida de la vivienda habitual durante el estado de alarma y los meses posteriores en los que todavía no se habrá realizado una recuperación total de la economía.
Por lo tanto, es prioritario paralizar los desahucios de arrendamiento de vivienda, prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler y ofrecer ayudas y otras medidas para facilitar el pago de la renta.
A estas medidas podrán acceder personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social debido a la crisis del coronavirus.
El inquilino tiene que cumplir alguno de los siguientes requisitos:
Además de otros requisitos económicos más específicos, debiendo acreditarse todo ello con la correspondiente documentación.
Las medidas adoptadas son las siguientes:
Departamento de Derecho Civil