El procedimiento civil ofrece distintas alternativas a los acreedores para localizar los bienes de sus deudores, pero solo son admisibles en la fase final del procedimiento judicial.
Es habitual encontrarse con procesos judiciales frustrados en fase de ejecución, después de años de litigio y dinero invertido en el proceso.
Para evitar este tipo de situaciones, es importante hacer un correcto ejercicio de análisis de solvencia del demandado y saber si habrá de “donde rascar” antes de iniciar el pleito.
Aunque debería de ser en fase de ejecución cuando uno se preocupara de localizar los bienes de su deudor, lo cierto es que anticiparse al problema ha demostrado ser siempre una buena estrategia. Esto nos permitirá orientar el pleito en un sentido u otro, y/o adoptar medidas preventivas.
Imaginemos que después de años litigando para obtener una sentencia favorable, el deudor incumple su obligación de pago. Nos iremos entonces a un proceso ejecutivo, y ahí lo habitual será solicitar al Órgano Judicial una averiguación/investigación patrimonial del deudor.
En el caso de no poder localizar los bienes de nuestro deudor por los cauces anteriormente descritos, existen alternativas dentro de la vía penal y mercantil que nos permitirán dirigir responsabilidades frente a terceros.
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